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lunes, 7 de diciembre de 2015

¿Predicar con el ejemplo?



José Luis Chávez Orozco

Desde el año 2013, el presidente Enrique Peña Nieto; encabezó la puesta en marcha de una serie de reformas que pretenden “Mover a México” como el mismo slogan de su gobierno lo promete. Entre otras la Reforma Política, la Reforma Fiscal, la Reforma Energética, y sobre todo una de las más cuestionadas por un gran sector, el magisterio; hablo de la Reforma Educativa, que pretende transformar el sistema educativo nacional, de un sistema anquilosado y secuestrado por grupos de poder político-sindical, a uno donde el interés primordial sean los niños, que cuente con calidad y atienda los lineamientos que las leyes en la materia planteen, mejorando así, paulatinamente el aprendizaje de los niños y las niñas.  Uno de los cuestionamientos más señalados es el de la Evaluación, el cual plantea evaluar constantemente a los profesores; la asignación de mayor presupuesto destinado a la mejora de la infraestructura educativa, la selección de docentes y asignación de plazas por medio de un examen universal de conocimientos; evitando la venta y herencia de plazas que existía anteriormente.
La Reforma Educativa ha sido recibida con mucho agrado y aceptación por un alto porcentaje de la clase media de la población, pero en estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde el magisterio cuenta con una de las mafias más amañadas que existen, ha logrado mantener diversos movimientos en su contra, pero cuenta con un fuerte repudio, para con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Será hasta 2017 en que según los profesionales de la educación de nuestro país podamos ver los resultados de la famosa y tan controversial Reforma Educativa y donde por fin sabremos si este es el camino correcto o si habremos de modificar la estructura del Sistema Educativo Nacional.
Al mismo tiempo, vimos apenas hace algunas semanas atrás, una noticia que se difundió en varios medios informativos de gran importancia en el país, sobre nivel educativo de la Cámara de Diputados, que es el menor en la última década, ¿es acaso una muestra representativa de la realidad educativa de México? O en contraste ¿es necesario u obligatorio el tener un cierto nivel académico para ocupar un cargo público? La Constitución plantea una serie de requerimientos para quienes aspiran a obtener un cargo público de representación; para ser más específicos de Diputados, Presidente de la República y Senadores, entre los candados mantiene límite de edad, nacionalidad, residencia previa, ciudadanía, etc. Pero no plantea que los funcionarios públicos cuenten con un cierto nivel educativo para desarrollar su cargo.
En la recién iniciada LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el 79% de sus miembros cuentan con estudios universitarios, es decir 394 diputados y el 21% restante no los tiene. El Partido Revolucionario Institucional mantiene un 82% de sus miembros en la Cámara que cuentan con estudios universitarios, le sigue el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, y al final el Partido Morena que de sus 35 diputados, 17 no tienen licenciatura, es decir el 48% de su bancada.
Las legislaturas anteriores tuvieron un 88% ó 90%, del total de sus miembros con estudios de licenciatura. Recordemos la manera de elegir a los candidatos de cada partido, el PRI que por lo regular busca a sus mejores cuadros para ganar elecciones y llena sus listas de plurinominales con destacados legisladores o funcionarios. Por otra parte, Morena, partido recién creado; con la “frescura” de sus ideales y forma de hacer las cosas, realizó un sorteo para asignar sus candidaturas, quizás no es lo mejor, pero bueno, citemos el popular dicho: “echando a perder se aprende”, quizás deberán cambiar su estatuto. Regresando al caso de Morena, en su ímpetu de mostrarse como un partido distinto a los demás, tomó esta decisión, donde el azar intervino, sin más intermediarios que la suerte, donde desde un profesor, un médico, un plomero o carpintero que militen en el partido pueden ser designados para ocupar un cargo público y no la élite o “los dinosaurios” como en los demás partidos mayoritarios.
Todo ello provoca un preocupante vacío legal, ya que mientras que para ocupar un puesto como intendente, guardia o velador te solicitan contar con secundaria o preparatoria terminada y en algunos casos experiencia, según la función a realizar. Y por el contrario, un puesto de representación popular omite señalar un nivel académico definido y experiencia previa para asumir el cargo del que el pueblo te dota.

Considero conveniente una reforma a la Constitución y a la Ley electoral, para establecer un límite mínimo de escolaridad y en casos específicos conocimientos relacionados con la temática de las comisiones que se les asignan en el Congreso de la Unión; no sería lo más conveniente colocar en la comisión de educación a un médico o a un ingeniero, o a un economista en la comisión de aguas, y así sucesivamente. Son aspectos que nuestra ley hasta el momento no contempla y que en una sociedad como la nuestra vemos que se requiere, no por moda o por llamar la atención, sino por la necesidad de integrar un parlamento funcional, y profesional acorde a los requerimientos de nuestro país.
Retomo la primer pregunta ¿Predicar con el ejemplo? Los miembros de la cámara de diputados de la anterior legislatura aprobaron una reforma en materia de educación pero ¿cómo le pides a un profesor que se prepare, sea evaluado y que cumpla con lo establecido con la ley, si el mismo parlamento está integrado por hombres y mujeres que desconocen totalmente el área en que laboran?
Resultaría conveniente generar empatía con la ciudadanía y en particular con el magisterio, realizando las gestiones necesarias para promover una nueva reforma constitucional, para que, así como fue creado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se autorice la creación de un órgano que regule y evalúe a los funcionarios públicos, integrando a los más capaces para el cargo, con lo cual se evitaría la falta de conocimiento y las fallas que se cometen en las cámaras de diputados y senadores.

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